El comienzo de la lectura del texto O Marco Civil da Internet: desafios para a educação me retrotrae a los momentos en que conocí Internet. Años 1997/98, gracias a un profesor que por fuera de las clases clásicas de computación nos llevaba a la universidad pública donde él también trabajaba, para que conozcamos este sistema. Éramos pocos los que teníamos ese extraño privilegio pero en verdad no lográbamos entender qué nos quería mostrar. Tal vez no éramos el mejor público. Sólo recuerdo sus dibujitos que explicaban lo que era una red. 

En ese momento no me imaginaba, ni aún hoy, que el tema del derecho a la comunicación lo pudiera discutir desde las posibilidades que te da la Internet. Durante muchos años la batalla decisiva estuvo centrada en los medios de comunicación. Los movimientos académicos, las organizaciónes, etc, en Argentina fueron determinantes para que surgiera una Ley de Medios que ningún otro país se atrevió a sancionar. También, junto con esta legislación en materia de televisión y radiodifusión, que busca atenuar la concentración comunicacional del grupo multimedial Clarín, se puso en consideración la importancia de los medios alternativos como actores claves para el ejercicio del derecho a la comunicación. De hecho, muchas de las críticas que surgen durante los años de implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, 26.522, sancionada en el año 2009) se dirigen a cuestionar que el AFSCA (organismo público encargado de esta implementación) centrara su accionar en una cruzada casi exclusiva contra el Grupo Clarín, concentrando allí toda su atención y dejando de lado su responsabilidad para crear las herramientas necesarias que pudieran garantizar que el 30% del espectro destinado a asociaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y el 30% del espectro destinado a medios estatales sean efectivamente ocupados, aumentando las chances de una política de pluralidad de voces.  

Ahora bien, sin la concentración de poder que actualmente posee el gobierno, después de casi dos años de mandato, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema de la Nación en un debate ejemplar, se derriba con un simple Decreto de Necesidad y Urgencia a tan solo días de asumir el presidente Mauricio Macri. El Ministerio de Comunicación es creado en el 2015 y a través de su entonces Ministro “El Milico” Oscar Aguad, se consigue, sin demasiados reparos opositores, la disolución de esta Ley. El ahora ex Ministro de esta cartera, devenido en Ministro de Defensa, pronuncia esta frase que resume la idea de la búsqueda de libre competencia de los medios y las corporaciones: "La mejor Ley de Medios es la que no existe”. 

Hace unos pocos meses el Ministerio de Comunicación se disuelve. Queda EnaCom, que es el organismo que reemplaza al AFSCA y a AFTIC (este último trabajaba sobre las telecomunicaciones). Mientras se trabaja indefinidamente, con tiempos sumamente dilatados en la llamada Ley de Comunicaciones Convergentes (que unificará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Telecomunicaciones Argentina Digital) quedan sin bases de funcionamiento las siguientes normativas:  

1. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26522/09

2. Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica Nº 17741 y reformas

3. Creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre Decreto Nº 1148/09 

4. Ley Argentina Digital N° 27.078

De manera muy incipiente, en el 2014 la Secretaría de Comunicaciones bajo la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI) pretende elaborar una estrategia nacional sobre la web. La Ley Argentina Digital, aunque con muy poco tiempo de funcionamiento y en este momento desdibujada, también pretendía abarcar toda la infraestructura de transporte de contenidos digitales: Telecomunicaciones fijas y móviles, redes de conexión a Internet, satélite y tv x cable. 

Aunque “a emergência das tecnologias de informação e comunicação, mais especialmente com a internet” trae consigo procesos de comunicación diferentes, la lucha por la democratización de los medios masivos de comunicación también tiene que ver con lo que Lemos señala con “‘liberação’ da palavra”. Con la discusión de en qué medida los consumidores pueden convertirse en emisores, si el sistema se logra más democrático. 

Un dato que habla, quizás de la inexistente relación entre el ámbito de los medios y el de las telecomunicaciones (ámbitos cuyas políticas de comunicación van separadas) lo podemos ver en una investigación reciente de Ana Bizberge. Ella sostiene que el Grupo Clarín, con la LSCA y con la implementación de la Televisión Digital Abierta no trajo aparejada una desconcentración en cuanto a pérdida de posición de mercado con los años de funcionamiento de la Ley. De hecho, la demanda de banda ancha que este grupo empresarial tiene a través de  Cablevisión se incrementó. 

“…para que todo cidadão tenha voz e vez, e possa atuar ativamente em sociedade, é fundamental o reconhecimento e a viabilidade do direito à comunicação, sem condicionamentos ou impedimentos de quaisquer ordens, cabendo ao Estado a garantia de seu exercício, sem limitá-lo à mera recepção passiva das informações produzidas de forma centralizada e distribuídas de forma massiva, que, em geral, constituem expressão de um ponto de vista hegemónico” es la premisa con la que la ciudadanía argentina trabajó mucho tiempo para que tengamos una nueva ley de comunicación. Ahora, más allá de que el punto de batalla comunicacional aparentemente esté en foja cero, el gobierno actual muestra “como si” estuviera por desarrollar una política más abierta y moderna. Así es que los principios que regularían la llamada Ley de Comunicaciones Convergentes encajan más bien dentro de ese otro modelo o paradigma en que como señalan Bonilla y Pretto es posible pensar el derecho a la comunicación. Aquel modelo  abstracto, universalista, legalista, que asegura en ese nivel de generalidad la competencia libre del mercado.